Canarias vive pendiente de las VUT (Viviendas de Uso Turístico). Estos alojamientos, que se arriendan a visitantes, han crecido sin control, afectando al mercado inmobiliario y turístico. Muchas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda, mientras el turismo sigue batiendo récords.
En febrero, Canarias contaba con casi 54.000 viviendas turísticas y más de 220.000 plazas. Según José Luis Zoreda de Exceltur, «las viviendas turísticas han añadido tanta capacidad como el sector reglado en toda su existencia». Exceltur destaca que las VUT complican el acceso a la vivienda, siendo un problema político importante.
Asier Pereda de Fevitur pide colaboración entre hoteleros, propietarios de VUT y el Gobierno para desarrollar una normativa adecuada. El Gobierno ha creado un grupo interministerial para estudiar posibles medidas y destaca la necesidad de una regulación precisa, especialmente en núcleos rurales donde el turismo puede ser beneficioso.
En abril, las protestas en las islas reflejaron la preocupación por las VUT y su impacto en la vivienda. Yaiza (Lanzarote) y La Oliva (Fuerteventura) tienen las mayores proporciones de VUT en España, con un 22,5% y 21,8% respectivamente.
Las Palmas de Gran Canaria regula las VUT en edificios residenciales, pero la falta de inspección limita su efectividad. Santa Cruz de Tenerife no tiene legislación específica en esta materia.
El Gobierno autonómico ha aprobado un anteproyecto de regulación que limita los pisos turísticos en bloques comunitarios y establece requisitos como una antigüedad mínima de diez años y un máximo de ocho plazas por inmueble. La implementación recaerá en los ayuntamientos.
Este debate sobre las VUT en Canarias refleja la necesidad de equilibrar el desarrollo turístico con el acceso a la vivienda, buscando soluciones que beneficien a todos.
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